
El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, y el primer teniente alcalde y concejal de vivienda, Marcos Antonio Casañas, se reunirán el martes 9 de julio con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y los responsables de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (VISOCAN) y del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), al objeto de desbloquear la promoción de viviendas públicas en el municipio, donde no se construye ninguna desde hace veinte años.
“Es una auténtica vergüenza que el Gobierno de Canarias no haya hecho nada en las últimas dos décadas para construir viviendas públicas en el municipio, a pesar de contar con suelo disponible y proyectos redactados”, dijo hoy el alcalde, quien recordó los contactos que ha mantenido el actual grupo de gobierno municipal con los responsables sectoriales del Gobierno, que se retomarán próximamente.
En este sentido, el alcalde explicó que el Ayuntamiento ha reclamado incesantemente la realización de la primera fase de la promoción de viviendas proyectadas en La Frontera, “de la cual el Gobierno tiene desde hace más de 10 años el proyecto redactado e incluso la licencia municipal. Aquello se paró -continuó- por la irrupción de la crisis económica y la negativa al endeudamiento de las administraciones públicas”.
Tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde ya mantuvieron una primera reunión técnica el pasado 12 de septiembre con el personal técnico de VISOCAN en Santa Cruz de Tenerife, así como otro encuentro telemático el pasado 7 de marzo con el propio consejero de Obras Públicas y el director del ICAVI.
Solo dos promociones
Rodríguez Cejas lamentó que solo se haya promovido por parte del Gobierno de Canarias dos promociones de vivienda pública, una de ellas en el año 1991 y otra en 2001.
“Desde entonces el aumento de la población, la crisis económica o el aumento de las viviendas vacacionales han ido cronificado el problema para la población residente”, dijo el alcalde, quien recordó que en su momento se aprobó un proyecto aprobado para la construcción de vivienda pública que data del año 2009, que se vio paralizado por la crisis económica, y que se estructuraba en dos fases, una para la dotación de 24 viviendas y otra posterior que contemplaría nuevas viviendas.
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